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Octubre

2014

Hacienda estudia suavizar el castigo fiscal a la venta de vivienda usada

El Gobierno no descarta dar marcha atrás, al menos parcialmente, a su decisión de retirar las bonificaciones fiscales para la venta de vivienda usada a partir del 1 de enero del próximo año. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, defendió ayer la pertinencia de la supresión de las bonificaciones fiscales que en la actualidad rebajan sustancialmente la factura de las plusvalías, pero se mostró dispuesto a estudiar las enmiendas anunciadas por los grupos de la oposición a un texto que actualmente se tramita en el Senado.

A juicio del número dos del ministro Montoro, la norma actual es «distorsionadora y no neutral», ya que beneficia especialmente a las viviendas adquiridas antes de 1995. Son las que se pueden aplicar los llamados coeficientes de abatimiento, que reducen la plusvalía en un 11,11 % por cada año de posesión de la vivienda hasta el 20 de enero del 2006 (cuando se congeló esa reducción). Ferre defendió que ese beneficio fiscal «tenía sentido» cuando las ganancias patrimoniales tributaban al tipo marginal del IRPF (actualmente en el 52 %), pero no 18 años después, cuando se les aplican tipos más reducidos (del 27 % como máximo).

Más espinosa es la cuestión del coeficiente de corrección monetaria, que actualiza los precios de adquisición de las viviendas de acuerdo a la inflación para ajustar el cálculo de las plusvalías. El Gobierno no puede apelar en este caso a criterios de justicia fiscal, ya que de esta reducción se puede beneficiar cualquier contribuyente, independientemente de la fecha de compra de la vivienda, por lo que parece más dispuesto a estudiar su mantenimiento.

El futuro de la norma se decidirá en el Senado mañana, cuando finaliza el plazo para la presentación de enmiendas, y el secretario de Estado de Hacienda anunció ayer que «la posición del Gobierno es escuchar las propuestas de otros grupos, luego se tomarán las decisiones correspondientes». Una decisión clave para los 31,7 millones de contribuyentes que, según los cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda, se verían afectados por la medida. Por ejemplo, un ciudadano que comprase un piso por cuatro millones de pesetas (24.040 euros) en 1982 y lo venda ahora por 200.000 euros tendría que pagar 11.965 euros por las plusvalías si cierra la operación el 31 de diciembre de este año, pero vería disparada la factura hasta los 41.110 (un 244 % más) si la formaliza solo un día más tarde.

Una penalización que, en todo caso, no afectaría a aquellos contribuyentes que reinviertan las plusvalías obtenidas por la venda de una vivienda en la adquisición de un inmueble en un plazo de dos años o a los mayores de 65 años que utilicen el dinero para complementar su pensión pública