La escasa acogida que ha tenido
el IVA de caja ha llevado a Hacienda
a negociar otro sistema que impida
que afronten el pago de impuestos
por facturas que no han
cobrado. Una de las opciones que
baraja es la inversión del sujeto
pasivo, que se aplica desde hace
dos años en la construcción, que
fija que sea el deudor el que abone
el impuesto, si no ha pagado la
factura en el plazo legal.
CARLOS MOLINA Madrid
El régimen de IVA de caja, que entró
en vigor este año, iba a ser el instrumento
que dotaría de liquidez
a los proveedores que se
veían doblemente castigados
por el fenómeno
de la morosidad empresarial.
Desde el inicio de
la crisis, los impagos a
pymes y autónomos se
han disparado y los plazos
de pago se estiraron
más allá del periodo establecido
por ley (60
días a partir del 1 de
enero de 2013). Al
mismo tiempo, las
pymes y autónomos estaban
obligados a pagar
religiosamente el IVA
de las facturas emitidas,
aunque no hubieran
sido cobradas.
El sistema ideado por
Hacienda permitiría a
las empresas abonar el
impuesto al cobrar la
factura y no cuando se
emitía. Sin embargo,
tan solo 22.090 pymes y
autónomos (apenas el 0,9% de los 2,3
millones de potenciales beneficiarios)
se acogieron al nuevo sistema.
Una de las razones del fracaso ha sido
la prohibición a que las grandes empresas
pudieran establecer sus reglas a
las pequeñas. Estas últimas se beneficiaban
de la exención de abonar el IVA
si no habían cobrado la factura, mientras
que las primeras se veían perjudicadas,
ya que no podían deducirse los
gastos fiscales derivados de las facturas
hasta que las abonaran. Fuera del
sistema de IVA de caja, el funcionamiento
tradicional era que las grandes
empresas difirieran el pago a los proveedores,
lo que no era obstáculo para
que se dedujeran esos gastos. Con el
nuevo esquema, las grandes no podían
hacer ingeniería financiera y ello llevó
a algunas a amenazar a sus proveedores
con romper los contratos si se acogían
al sistema de caja.
El ministro de Hacienda,
CristóbalMontoro,
reconoció que el
modelo no había funcionado
y que se estudiarían
fórmulas de
mejora. Por eso, ya ha
iniciado los contactos
con los miembros de la
Comisión para la
Lucha contra la Morosidad
Privada para
diseñar un nuevo sistema.
Y una de las opciones
que tiene encima de la
mesa es la de la inversión
del sujeto pasivo.
¿En qué consiste? El
proveedor emite una
factura y debe esperar
60 días, el tiempo legal
establecido por ley,
para el cobro de la
misma. Sobrepasado
ese plazo, el proveedor
podrá ir a Hacienda,
denunciar el impago y solicitar la inversión
del sujeto pasivo. Es decir, que
la Administración Tributaria será la
Los impuestos de las facturas
impagadas los abonarían los deudores
OTRAS ACTUACIONES
El periodo de negociación
abierto por Hacienda también
servirá para que las empresas
pongan encima de la
mesa la necesidad de aprobar
un régimen sancionador
para las empresas que incumplan
los plazos de pago.
La Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad presenta
el miércoles su informe
anual con los plazos de pago
de las empresas del Ibex 35,
que tradicionalmente son las
que peor salen retratadas en
estas estadísticas. En el año
2013, esas grandes compañías
pagaron a una media de
171 días, el triple de lo permitido.
Contra todas las empresas
morosas, pero especialmente
contra las más grandes, es
para lo que se quiere articular
un régimen sancionador.
De hecho, la Plataforma, que
aglutina a 1,5 millones de
empresas, alcanzó en mayo
un compromiso con el Ministerio
de Hacienda para
debatir e implementar en
breve la propuesta de ley de
creación de un régimen sancionador
para las empresas
morosas. El borrador elaborado
por los proveedores,
que en las próximas semanas
se discutirá con Hacienda,
establece sanciones de hasta
900.000 euros para las infracciones
muy graves y
hasta el cierre por un año en
caso de acumular tres infracciones
muy graves.
Este documento también
fija una serie de bonificaciones
en las sanciones, siempre
y cuando se corrijan los impagos.
Así, una vez que entre en
vigor el régimen sancionador,
los que salden sus deudas en
los siguientes seis meses se librarían
de la sanción y los
que lo hicieran entre el sexto
y el duodécimo mes lograrían
una bonificación del 80%.
Este umbral bajaría al 50% si
se salda en el segundo año de
entrada en vigor de la ley y
del 20% en el tercer año.
Sanciones para las empresas morosas
El presidente de la
Plataforma Multisectorial
contra la
Morosidad, Antoni
Cañete, y el ministro
de Hacienda y
Administraciones
Públicas, Cristóbal
Montoro.
22.090
pymes y autónomos se
han acogido al IVA de
caja, apenas el 0,9% de
los 2,3 millones de
potenciales beneficiarios.
60
días es el plazo máximo
que tienen las empresas
por ley para el pago de
sus deudas privadas.
21%
es el tipo de IVA aplicado.
que reclamará directamente el pago de
dicho IVA al deudor. “Con esta inicia-
tiva se podrían detectar empresas mo-
rosas porque permitiría a la Agencia
Tributaria conocer a aquellos contri-
buyentes que se han desgravado un
IVA que no han pagado y permitiría a
las empresas seguir disponiendo de
tesorería”, señala Antoni Cañete,
presidente de la PlataformaMultisec-
torial contra laMorosidad y miembro
de la citada Comisión. De hecho, apun-
ta que este modelo ya se está aplican-
do en el sector de la construcción desde
2012.
Modificaciones a partir de enero
Fuentes de Hacienda consultadas sub-
rayan que cualquier aportación de los
colectivos afectados será revisada,
siempre y cuando no vaya en contra de
la lucha contra el fraude. Ese proceso
de análisis ya ha comenzado y tiene dos
hitos: la presentación de enmiendas a
la reforma fiscal y a los Presupuestos
Generales del Estado. Esas mismas
fuentes recuerdan que en diciembre se
abrirá otra oportunidad para liquidar
el IVA de caja y podría ser una buena
ocasión para introducir cambios en el
sistema.
Ninguna de las enmiendas aproba-
das en el Congreso de los Diputados a
la reforma fiscal guardaba relación con
el IVA de caja. Actualmente, el texto
normativo que modifica el IRPF, el im-
puesto sobre sociedades y el IVA se en-
cuentra en el Senado. Cabe esperar que
el Grupo Popular incluya novedades y
acepte propuestas de partidos como
Convergència i Unió (CiU) y el Parti-
do Nacionalista Vasco (PNV), que se
abstuvieron en la votación del Con-
greso tras lograr que el Ejecutivo acep-
tara algunas de sus propuestas tribu-
tarias.