29

Septiembre

2014

Policía y Guardia Civil también combatirán la economía sumergida

El Gobierno reforzará el poder de las Fuerzas de Seguridad del Estado y, si es preciso, de los cuerpos autonómicos y policía municipales, en la lucha contra la economía sumergida. Se trata de que “sean tenidos por ciertos los hechos de la autoridad sobre las irregularidades cometidas por empresas, trabajadores o beneficiarios de prestaciones sociales, “salvo prueba en contrario”

de los presuntos infractores. La labor de Policía y de la Guardia Civil “podrá ser aducida como prueba por la Inspección de Trabajo en los procedimientos iniciados por esta”. Se agiliza así la tramitación de la denuncia por delito contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social, sin necesidad de esperar una comprobación de la infracción por parte de la Inspección. Así se regula en el borrador de la futura ley de reforma de la Inspección de Trabajo, Seguridad Social y Salud Laboral, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN. En todo caso, se trata de una reforma que ha causado malestar entre los inspectores y subinspectores de trabajo. “Es una aberración jurídica porque obliga al inspector a considerar como cierto lo que diga un agente de policía o un Guardia Civil, que no tiene la formación necesaria para conocer el fraude laboral”, comentan fuentes de la Inspección de Trabajo, consultadas

por EXPANSIÓN.Hasta ahora, es necesario que el funcionario del Ministerio de Empleo ratifique la existencia del presunto delito.

Sin embargo, la norma es taxativa al respecto. En primer lugar dice que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes estarán obligadas a prestar apoyo, auxilio y colaboración a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el desempeño de sus funciones”.

Colaboración que el Ministeriode Empleo puede tener con todas las administraciones “para los supuestos en que, como consecuencia de su actuación, tengan conocimiento de hechos presuntamente constitutivos de trabajo no declarado y empleo irregular”.Es decir, que en el ámbito de esta orden pueden estar la Policía Nacional, la Guardia Civil